6 de cada 10 personas que han solicitado un crédito, préstamo o hipoteca fueron obligadas a contratar un seguro con el propio banco para conseguirlo. Las entidades obligan a los usuarios a contratar estos productos a través de ellos, una práctica ilegal y abusiva para el cliente, que tiene derecho a escoger una aseguradora independiente.
La pandemia ha destruido miles de empleos y ha costado miles de millones. Solo a los autónomos les ha supuesto perder más de 65.000 millones de euros en 2020. En marzo del año pasado, el Gobierno aprobó una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros para ayudar a autónomos y empresas afectados por el coronavirus. Así pues, son muchos los ciudadanos que han acudido a pedir una de estas ayudas.
El abuso de los bancos durante la pandemia
Sin embargo, no todos han tenido una buena experiencia al acudir a los bancos en esta pandemia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acumuló en solo una semana más de 50 denuncias por conductas anticompetitivas relacionadas con el coronavirus. Y varias de ellas fueron por la imposición de un seguro del banco como condición para conseguir el préstamo garantizado con el aval del Estado (las líneas ICO).
A raíz de estas denuncias, la CNMC comenzó a investigar si esa exigencia podría ser «una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del COVID-19». Los expertos de segurodevidahipoteca.es, el comparador online líder de seguros de vida, explican que esta imposición atenta contra la competencia porque la entidad siempre obliga a contratar el seguro con ella y no permite que el usuario escoja. Así pues, podrá inflar el precio: el cliente está atado y aceptará si quiere el crédito.
Para evitar esta situación, tanto la CNMC como el Banco de España impusieron sistemas de control para vigilar a la banca. El objetivo era evitar que las entidades vincularan la concesión de estos avales a otros productos, es decir, que pusieran como condición añadir algún otro producto suyo (un seguro de vida, por ejemplo).
Aunque las patronales bancarias se comprometieron a no ejercer prácticas de venta cruzada y cumplir los requisitos de los avales ICO, son muchos los usuarios ya afectados, porque este abuso no es algo exclusivo de los créditos durante la pandemia. Según denuncia la Coordinadora Independiente de Asociaciones de Corredores (CIAC), el banco obliga a contratar un seguro a 6 de cada 10 personas que piden un crédito. Pero no cualquier seguro, sino aquel que comercializa el propio banco.
Las leyes prohíben esta imposición al usuario
Tal y como apuntan desde CIAC, esta imposición es ilegal. En concreto, señalan que vulnera tres leyes españolas:
- La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. En su artículo 89, aparece que será abusiva la «imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados».
- La Ley de Distribución de Seguros
- La Ley de Defensa de la Competencia
Además, este abuso ha sido especialmente común en la firma de las hipotecas. Con la entrada en vigor de la actual ley hipotecaria (Ley 5/2019), esta práctica se redujo, pero no ha desaparecido del todo. Por tanto, este abuso también vulnera la Ley 5/2019.
Cómo detectar una ilegalidad en la imposición de seguros
Si el banco propone su seguro, no significa automáticamente que sea ilegal, aunque sí muy poco recomendable. Desde segurodevidahipoteca.es explican que las pólizas de los bancos son hasta un 80 % más caras. Asimismo, es común que suban los intereses del préstamo si no se escoge su póliza. Pero, si se hacen números, se verá que compensa cambiarse a una aseguradora aunque la cuota de la hipoteca sea algo más alta.
Para saber si la imposición es claramente ilegal, los expertos de segurodevidahipoteca.es explican que debe darse al menos una de estas tres situaciones:
1. El seguro vinculado es claramente poco beneficioso
En primer lugar, hay que matizar que la banca sí puede exigir tener ciertas pólizas. Por ejemplo, al pedir una hipoteca obligan a tener un seguro contra incendios y a veces también uno de vida.
Y, en segundo lugar, es importante saber que un banco puede ofrecer la venta vinculada de un producto. Esto significa que pueden obligar a tener un seguro para dar la hipoteca, es decir, que el seguro será un producto vinculado al préstamo. Sin embargo, solo pueden obligar a que ese seguro sea el que ellos ofrecen si demuestran que es la mejor opción del mercado. Para confirmar eso, se necesita una autorización de un organismo superior (por ejemplo, el Banco de España).
De esta forma, si se demuestra que no era la mejor opción del mercado para el cliente, el contrato se puede declarar nulo.
2. No avisan de que los productos vinculados pueden ser con otras empresas
La ley hipotecaria permite exigir un seguro para dar un crédito o una hipoteca. No obstante, es ilegal que la entidad no informe de que se puede firmar la póliza con la empresa que el cliente quiera.
3. No aceptar una póliza alternativa
Si contratar un seguro es un requisito para conseguir el préstamo, el banco tiene que aceptar cualquier póliza que tenga unas coberturas equivalentes a las que él ofrece. Además, es ilegal que cobren por analizar si la póliza que el cliente quiere cumple sus requisitos.
Cómo anular el seguro sin penalización
Si la entidad obliga a alguien a contratar su póliza y no le informó de que podía escoger la de otra empresa, fue claramente ilegal. No obstante, desde segurodevidahipoteca.es explican que ese contrato se puede anular sin tener ninguna penalización. Según la Ley 50/1980, durante 30 días se puede romper el contrato de un seguro sin tener que dar explicaciones.
En conclusión, se puede conseguir el préstamo sin tener que quedarse con el seguro del banco. Una vez firmado todo y antes de que pasen 30 días, se busca una póliza más barata en otra empresa, se cancela el contrato con el banco y se devuelven los recibos. El cliente puede firmar con otra empresa sin ningún coste, ya que la imposición del banco no era legal desde el principio.
«En ningún caso se puede obligar a que una persona contrate una póliza con el banco bajo la amenaza de que no conseguirá el préstamo. Hay mucha legislación que prohíbe esta práctica y, aun así, hemos visto varios casos a raíz de la difícil situación provocada por la pandemia. Puesto que es algo ilegal y abusivo, el cliente puede anular todo una vez firmado y hacer el seguro en otra empresa, que es lo que debió poder hacer desde el principio», comentan desde segurodevidahipoteca.es.